Ingenuos e Inocentes
Vox Populi
Por Aurelia Fierros

Hay frases que jamás se olvidan. Cuando era niña, mi madre solía decir: “en tiempos de guerra no hay misericordia” parafraseando a la vez a su abuela, quien acostumbraba narrarle las atrocidades que las cuadrillas de revolucionarios cometían en pueblos y rancherías donde sin distingo, asesinaban a niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

La expresión viene a la memoria porque de algún modo se asemeja a lo que la semana pasada dijo Calderón, cuando –a diferencia del tono lúgubre usado por mi madre al pronunciar la citada frase- con frescura inocua aseveró que las muertes de inocentes a consecuencia de la lucha contra el narco “son las menos”. Claro, es otro tiempo, es otra guerra; pero la asociación de ideas es válida por la similitud del costo social de ambos sucesos, y al expresarlo así el Presidente de México, la connotación adquiere una dimensión de otra envergadura.

“Más de 90 por ciento de estos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedece precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones. Ha habido muchos soldados y policías caídos dentro de su deber, pero este es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al cinco por ciento de sus muertes”, afirmó durante el Simposium Internacional de Turismo realizado en la ciudad de México, en un intento desesperado por reactivar esa industria.

Como es de esperarse, el comentario de Calderón fue muy mal fue recibido. La revista Proceso por ejemplo, publicó una nota donde le acusa de la incitación contra sus adversarios políticos, alude a su presunta “estupidez” y llama su actitud “repudiable”. La nota se titula “Calderón incita al crimen” y arremete duramente contra sus métodos.

“El lenguaje belicoso de Calderón, cuyo fracaso en todos los órdenes aumenta su peligrosidad, ya tiene consecuencias en la vida cotidiana de millones de mexicanos y ha costado la vida a niños, jóvenes y mujeres ajenos a una “guerra” que lo único que no ataca es la riqueza de los capos”.

Si bien es cierto que en términos per cápita, México no es aún un Estado fallido, la percepción de la violencia en el país se agrava porque las áreas y rutas de dominio de los cárteles se han extendido estratégicamente a puntos y regiones no tradicionales; se ha expandido su radio de acción hacia la juventud mediante la utilización de las pandillas, la extorsión a negocios legítimos y al clero; y se ha dado una sofisticación e incremento de la brutalidad en sus crímenes; lo que ha evidenciado el descontrol e incapacidad del gobierno frente al problema.

La credibilidad e imagen presidencial se ha diluido a tal grado que, desde la ciudadanía en general hasta sus detractores políticos, tienen siempre ataques o algo negativo que decir, y no precisamente con un lenguaje refrenado. Algunos extranjeros también se han tomado la libertad de expresarse sobre el papel del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico. En un tono más moderado, la semana pasada, Joaquín Sabina llamó “ingenuo” al presidente, por haber declarado una guerra abierta contra los cárteles de la droga, utilizando al Ejército y la Policía Federal.

“Fue muy ingenuo cuando planteó esa batalla”, expresó en conferencia de prensa, donde mostró escepticismo frente a la idea de que Calderón ignorara que los cuerpos policiacos estuviesen coludidos con el crimen organizado. Y aunque Sabina no se retractó, días después (el lunes 19) aceptó una comida con el presidente en Los Pinos, donde mariachis, canciones y algunas copas de por medio, terminó declarando a la prensa “el ingenuo soy yo”, en un claro intento por aplacar la polémica generada a raíz de sus señalamientos iniciales.

El asunto es que, las palabras con frecuencia desafortunadas de Calderón, serían lo de menos si éste contara con una estrategia para esta guerra que también aparece desventurada, sin objetivo específico, sin plazo y sin fecha de expiración. Mientras tanto, en el México del “no pasa nada”, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que reconocer en un informe confidencial entregado al Senado, que la guerra contra la delincuencia organizada iniciada en 2006, ha cobrado 22 mil 742 vidas; y no entre 16 y 18 mil como inicialmente se manejaba. El dato se filtró a la prensa por lo que el gobierno no tuvo más remedio que confirmarlo.

Esa cifra total, incluye la reciente muerte de dos niños en un retén militar en Matamoros, Tamaulipas; y la de una ex presentadora de televisión, acribillada a balazos junto a una amiga suya por un comando armado en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el recuento de bajas que realiza el diario El Universal, “el año más violento ha sido 2009, con 8 mil 928 muertos, aunque la cifra podría aumentar este 2010, pues en los primeros tres meses del año ya van 3 mil 365 homicidios”.

Pero, recordemos que, según Calderón, el 90 por ciento del total de esos muertos, esto es, 20 mil 468, fallecieron luego de ajustes de cuentas entre delincuentes, y 5 por ciento ó mil 137, fueron bajas de uniformados. El 5 por ciento restante, ó los otros mil 137, se supone que fueron civiles inocentes; esos, a quienes Calderón llama los “menos”.

Como sea, el gobierno de México está obligado a proteger a la ciudadanía contra los efectos ‘colaterales’ del narco y a garantizar que otro “fenómeno aislado de agresión” por parte de militares -como llamó Gómez Mont al asesinato de los niños en el citado retén castrense- no se repita. Tres años y un trimestre después, Calderón no lo ha logrado.